¿Hacia una verdadera eficiencia procesal en la tramitación del juicio verbal? A propósito de las reformas previstas en el Proyecto de Ley de 22 de abril de 2022

Abstract

El Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, publicado el 22 de abril de 2022, introduce medidas de agilización procesal en distintos cuerpos legales, con el objeto de agilizar el funcionamiento de la justicia en los diversos órdenes jurisdicciones. Así, y por lo que respecta al orden civil, se pretenden modificar varios aspectos de la LEC, de los cuáles centramos el presente trabajo en las reformas propuestas en materia de juicio verbal. En este sentido, y a grandes rasgos, se amplía su ámbito de aplicación, tanto por cuantía como por materia; se exige en determinados supuestos, como requisito de admisión de la demanda, una reclamación extrajudicial previa; la proposición e impugnación de prueba, así como las alegaciones alas excepciones procesales planteadas, se realizarán por escrito, antes de la vista,resolviéndose mediante auto; la celebración de vista se prevé como algo excepcional y depende del juez, aunque, con carácter general, tendrá lugar si se admite la práctica de prueba personal, primando, en su caso, la celebración de vista por videoconferencia; se prevé la posibilidad de dictar sentencia oral, salvo que no haya intervenido abogado; y se introduce el denominado “procedimiento testigo” para dar respuesta a demandas con identidad sustancial de objeto sin necesidad de tramitar todas ellas, en concreto, en lasque se ejerciten acciones individuales de condiciones generales de la contratación. Sin embargo, la cuestión que surge es si realmente todas estas nuevas medidas agilizan la tramitación del juicio verbal o, si, por el contrario, lo ralentizan, yendo, incluso, en contra de su propia naturaleza al convertirse, básicamente, en un procedimiento tramitado por escrito --- The Bill of procedural efficiency measures of the public justice service, posted on April 22, 2022, introduces procedural streamlining measures in different legal bodies to expedite the functioning of justice in the various jurisdictions. Specifically, in the civil order it is intended to modify different aspects of the Civil Procedure Law, and we want to focus on the proposed reforms in matters of the oral procedure. In broad strokes, its scope is extended by matter and by quantity; in particular cases, a prior out-of-court claim will be necessary for the claim to be admitted; before the hearing, the proposal and contestation of evidence and the allegation of procedural exceptions will be presented in writing and will be resolved by a judicial decree; the hearing is expected as something exceptional, it depends on the judge and will only be held if the practice of personal evidence is admitted, and is preferred given to holding a hearing by videoconference; it is possible to issue an oral judgment unless a lawyer is not involved; and the so-called «witness procedure» is introduced, it is used to resolve claims with the same purpose in which individual actions of general contracting conditions are exercised. However, it is necessary to question whether all these new measures speed up the processing of the oral procedure or slow it down because it becomes a procedure processed in writing which goes against its legal nature.