Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, nº 236

Abstract

Sesión Plenaria nº 236, celebrada el 29 de abril de 1982. El orden del día incluye las preguntas del Diputado don Luis Berenguer Fuster, del Grupo Mixto, sobre la causa de la alarmante contaminación del río Segura a su paso por la provincia de Alicante; de la Diputada doña Asunción Cruañes Molina, del Grupo Socialista del Congreso sobre si tiene el Gobierno noticias de la situación creada por la contaminación del río Segura, que afecta, además de a los cultivos, a la salud pública, puesto que a su paso por la ciudad de Orihuela tiene en su cauce sin limpiar animales muertos que se pudren junto a las casas; del Diputado don José María Mesa Parra, del Grupo Centrista sobre si tiene el Ministerio de Obras Públicas intención de revisar el módulo de viviendas de protección oficial en Barcelona, realizando para ello los correspondientes estudios técnicos; del Diputado don Fernando Bergasa Perdomo, del Grupo Centrista sobre si ha sopesado y cuantificado el Gobierno los graves perjuicios económicos en la actividad comercial de los puertos canarios de la Resolución de 31 de marzo de 1982, de la Subsecretaría de Pesca Marítima, sobre justificación del origen de las capturas realizadas por buques extranjeros que entren en puertos españoles, que además vulneran el régimen económico fiscal de Canarias; del Diputado don Jerónimo Saavedra Acevedo, del Grupo Socialista del Congreso sobre si es consciente el Gobierno de que tipos de medidas intervencionistas y sancionadoras no contribuyen ni a la defensa de los recursos pesqueros españoles ni a la estabilidad de numerosos puestos de trabajo y que además contradicen la Ley 30/1972, de régimen económico fiscal de Canarias; del Diputado don Joaquín García-Romanillos Valverde, del Grupo Centrista sobre si podría el Gobierno arbitrar algún procedimiento excepcional para dar de alta en la Seguridad Social Agraria a los trabajadores agrícolas por cuenta ajena en aquellos casos que son emigrantes temporeros y en sus pueblos no existen patronos que les puedan dar fe de su cualidad de obreros agrarios eventuales; del Diputado don Diego de los Santos López, del Grupo Andalucista sobre los cálculos en los que se ha basado el señor Ministro de Sanidad la afirmación hecha en la reciente inauguración del Hospital de Valme, para decir que Sevilla supera en una décima la media nacional de número de camas hospitalarias por habitante; del Diputado don Alfonso Lazo Díaz, del Grupo Socialista del Congreso, sobre cuáles son las razones que han llevado a no dimitir al señor Ministro de Educación y Ciencia, una vez retirada la Ley Orgánica de Autonomía Universitaria; del Diputado don Jaime Tejada Lorenzo, del Grupo Coalición Democrática, sobre si puede explicar el señor Ministro de Administración Territorial por qué su Ministerio se negó a abrir negociaciones con la Usial en el período legal de preaviso de la huelga anunciada por los funcionarios de Administración local y, una vez iniciada legalmente dicha huelga el 15 de abril y haberse llegado a un acuerdo entre el Ministerio y la Usial, el Ministerio se negó a firmarlo, una vez convocados los representantes de Usial para dicho acto; del Diputado don Fernando Sagaseta Cabrera, del Grupo Mixto sobre si ha realizado el señor Ministro de Asuntos Exteriores las averiguaciones precisas para comprobar si, como se ha publicado en la Prensa, el señor Ashley Hewit, Consejero político de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, ha manifestado recientemente a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras cosas, «su especial preocupación por la posibilidad de que los nacionalistas canarios pudieran volver a gestionar el Ayuntamiento»; del Diputado don Javier Moscoso del Prado Muñoz, del Grupo Mixto, sobre si es voluntad del Gobierno promulgar algún Decreto semejante al de 16 de julio de 1976, donde se establecieron las vías que facultaban al Gobierno para inscribir a los periodistas en el Registro Oficial de Periodistas y se determinó, como fase previa a la inscripción, su colegiación en la Federación de Asociaciones de Prensa de España, o asumir alguna iniciativa que suponga la equiparación plena a efectos legales y profesionales de los periodistas que lo sean de hecho con los titulados, teniendo en cuenta que el 18 de octubre de 1980 se formó una comisión cuatripartita, integrada por la FAPE, la Unión de Periodistas y los sindicatos UGT y CC. 00., comisión que habría de estudiar el reconocimiento de los derechos adquiridos en la profesión periodística por una serie de profesionales que, de hecho, ejercían desde años atrás la profesión, teniendo dicha comisión ya aprobados más de 300.000 expedientes de periodistas sin que el reconocimiento de sus derechos haya sido aceptado por el Gobierno; del Diputado don Emilio Rubiales Rojas, del Grupo Andalucista sobre si respalda el Gobierno la forma de actuar de las Fuerzas de Orden Público en Granada el día 17 de marzo pasado para desalojar a sindicalistas de Comisiones Obreras y del Sindicato Andaluz de Trabajadores de los locales de la antigua Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, que produjo varios heridos necesitados de asistencia sanitaria y uno de ellos, incluso, de internamiento hospitalario y además varias detenciones, y qué información y explicación puede ofrecer de la misma; del Diputado don Ramón Vargas-Machuca Ortega, del Grupo Socialista del Congreso sobre si considera el Gobierno que ciertas actuaciones y circunstancias acaecidas en las últimas semanas en la provincia de Cádiz, petición a la Policía de informes sobre los candidatos s las próximas elecciones, promesas de pintorescas “amnistías” a presuntos infractores de la legalidad, atípicas adscripciones de funcionarios representan una instrumentación abusiva de la Administración del Estado con fines electoralistas, de dudosa legalidad y moralidad; y del Diputado don Leopoldo Torres Boursault, del Grupo Socialista del Congreso sobre cuál es, tras el compromiso adquirido por el señor Ministro del Interior en el transcurso del Pleno celebrado el 14 de mayo de 1981 sobre amnistía a antiguos miembros del Instituto de Carabineros, en respuesta a interpelación formulada por este Diputado, la posición del Gobierno como consecuencia de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional con fecha 20 de octubre de 1981, según la cual no es aplicable al caso la Ley de 15 de marzo de 1940 y, por tanto, la aplicación de la amnistía corresponde a la Administración civil del Estado y no a la Administración militar. También incluye las interpelaciones sobre la actuación de las Fuerzas de Orden Público, en relación con la huelga de la construcción, de don Nicolás Redondo Urbieta y otros señores Diputados; las Mociones consecuencia de interpelaciones del Diputado don Miguel Núñez González, sobre la aplicación de medidas sobre el síndrome tóxico, que en el plazo de un mes tenga lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados un debate sobre este tema, y que sea transmitido a la opinión pública, íntegramente, a través de la televisión; y la Toma en consideración de proposiciones de Ley del Grupo Centrista, sobre incorporación al Plan General de Obras Públicas de las obras de la presa de Mingorría, en el rio Adaja; del Grupo Socialista del Congreso, sobre declaración de las salinas de Ibiza y Formentera como paraje natural de interés nacional; y la Propuesta de delegación de competencia legislativa plena en Comisiones para dictaminar proyectos y proposiciones de Ley.