Análisis e intervención de las conductas disruptivas en Educación Infantil y Primaria

Abstract

Aunque menos mediático que el bullying o acoso escolar, las conductas disruptivas o “violencia de baja intensidad” es la principal preocupación de los profesores españoles, suponiendo para 21,6% de los docentes, el problema más frecuente y extendido según Informe sobre Convivencia Escolar desarrollado por el Observatorio Estatal. En los últimos años, la sociedad ha sufrido vertiginosos cambios que han transformado la manera de pensar y vivir de la población en general, afectando al entorno de la comunidad educativa y reflejándose en el comportamiento de una parte del alumnado, que manifiesta mayor inseguridad, menor resistencia al fracaso y falta de capacidad de esfuerzo. (De la Fuente, 2012). Esto ha provocado una creciente preocupación en el profesorado, que dedica más de un 13% del tiempo en el aula a la resolución de problemas de disciplina, como recoge el informe TALIS, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE, 2014). Además, en 2018, según el último informe PISA, España es, junto con Panamá, el único país en que la disciplina en las aulas ha ido a peor en la última década. Un 39% de los estudiantes reconoce que los profesores tienen que esperar a que se callen, frente al 26% de media en la OCDE, y el tiempo que se invierte en poner orden supone el 16,4% de cada clase, frente al 13% de media en la OCDE. En total, unos 10 minutos por clase. En este sentido, como afirman Gotzens, Badía, Genovard y Dezcallar (Gotzens, 2010), se debe diferenciar entre las conductas de indisciplina de tipo convencional, aquellas que tienen que ver con el incumplimiento de normas y reglas establecidas por la sociedad, cuyas consecuencias son graves, como maltrato, bullying o agresiones, y las de tipo instruccional que serían las llamadas disruptivas, comportamientos como hablar sin permiso, levantarse, interrumpir, gritar o tirar bolas de papel, que impiden el buen funcionamiento del aula. Fue en 2013, con la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en la que se insiste en la atención a la prevención de conflictos y además se otorga a las sanciones un carácter recuperador. Se diferencia entre falta grave y leve, indicando las correcciones ante las graves y cediendo a los centros la función de atender de forma inmediata las faltas leves, entre las que se encuentran las conductas disruptivas, aunque sin dar pautas concretas de corrección.